Sanciones a particulares vinculadas a conductas de corrupción - Riesgos para empresas bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas

El derecho administrativo, en su concepción más tradicional y general, es el área jurídica encargada de regular las relaciones entre el gobierno y los particulares. 

Usualmente, pensamos en esta rama del derecho cuando hablamos de las reglas que rigen las actividades cotidianas de cualquier persona, los negocios y/o las propiedades de las personas. 

Así, esta regulación, además de establecer las reglas que debemos cumplir en ese gran ámbito de nuestras vidas, se centra también en establecer un marco de posibles sanciones aplicables cuando se incumplen las disposiciones administrativas, todo con el objetivo de garantizar que las normas se respeten. 

Dentro del marco de este tipo de sanciones y regulaciones, en los últimos años, está cobrado una relevancia el tema de las faltas cometidas por ciudadanos y empresas, conocidas legalmente como “faltas de particulares vinculadas con faltas administrativas graves”, que se encuentran reguladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

A continuación, analizamos las implicaciones de dichas faltas y el impacto que están tomando en quienes hacen negocios o reciben apoyos del gobierno, y qué medidas tomar para evitar consecuencias severas. 

El Sistema Nacional Anticorrupción y los particulares

Para comprender el riesgo actual, es fundamental entender el origen de estas reglas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene como función central regular la conducta, los deberes y las obligaciones a las que están sujetos las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, así como las sanciones en caso de incumplimiento. 

No obstante, la Ley General de Responsabilidades Administrativas se expidió en el marco de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el año 2015 y ello explica dos cosas: a) Por una parte, que la Ley tiene muchas disposiciones dirigidas al combate de la corrupción en el servicio público; y, por otra parte b) bajo el argumento de que la corrupción no ocurre de forma aislada únicamente dentro de la administración o los entes públicos, sino que en ella participan en gran medida los particulares, se concluyó que la Ley debería de tener también la regulación de faltas de particulares que tuvieran vínculo con conductas consideradas de corrupción. 

Es así como establecieron normas dirigidas a sancionar a quienes sobornan o hacen tráfico de influencias, donde hay aceptación de dinero o acciones contrarias a los objetivos legales. 

Sobre esto, nos interesa especialmente una figura que está causando problemas en las empresas.

El artículo 71 y el uso indebido de recursos públicos

Más allá del clásico soborno, en tiempos recientes ha tomado especial relevancia una figura jurídica específica contemplada en el artículo 71 de la ley: el uso indebido de recursos públicos. 

La ley establece que los particulares incurren en esta falta administrativa grave cuando se apropian, hacen un uso indebido o desvían el objeto de los recursos públicos a los que tienen acceso. Esto incluye todo tipo de recursos: materiales, humanos y financieros. 

La amplitud con la que está redactada esta norma está generando que las autoridades encargadas de investigar y sancionar estén tendiendo a buscar sancionar cualquier irregularidad que observen en el marco del manejo de recursos públicos. 

Esto afecta a recursos que llegan por cualquier medio, tales como: 

• Contratos administrativos para proveer bienes o servicios. 

• Apoyos económicos gubernamentales. 

• Estímulos financieros para sectores específicos. 

Un problema común y cotidiano: Las fallas en la documentación del gasto público

El riesgo más común para las empresas en la actualidad es que las sanciones no se están aplicando única y exclusivamente en casos de desvíos reales (es decir, donde haya evidencia de que el dinero se robó o se utilizó indebidamente a propósito). 

Las autoridades también están acusando y sancionando casos donde el particular simplemente no cuenta con la documentación adecuada o idónea para comprobar el correcto ejercicio del gasto público. Al no poder justificar documentalmente el gasto, la autoridad lo califica como una observación de irregularidad. Lamentablemente, estas irregularidades administrativas eventualmente están siendo acusadas y procesadas como conductas indebidas graves. 

Consecuencias y sanciones extremas

Incurrir en estas conductas, incluso por descuidos administrativos, puede derivar en la imposición de sanciones severas que ponen en riesgo la viabilidad del negocio. Las consecuencias incluyen: 

• Sanciones económicas: Multas directas por la conducta realizada. 

• Indemnizaciones: La obligación de devolver básicamente todo el dinero que la autoridad considera que fue ejercido de forma indebida. 

• Inhabilitación: La prohibición de llevar a cabo contratos con el gobierno durante periodos amplios de tiempo. 

  
  

En los casos más extremos y graves aplicables a empresas, las sanciones pueden llegar hasta la suspensión de actividades y la eventual disolución de la sociedad corporativa. Aunque estos últimos son escenarios límite, el riesgo es real. 

Errores comunes en el manejo de recursos públicos

• Pensar que la ley solo castiga a funcionarios: Asumir que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no aplica a empresas, ignorando que las faltas de particulares están tipificadas y son perseguidas. 

• Descuido documental: Creer que basta con gastar el dinero en el proyecto acordado, sin mantener un archivo riguroso y exhaustivo que justifique cada peso gastado ante una posible revisión. 

• Falta de asesoría preventiva: Operar contratos administrativos complejos sin integrar procesos internos de cumplimiento que prevengan observaciones. 

Recomendaciones prácticas

1. Implementa controles internos: Es vital establecer controles adecuados de gestión, tramitación y análisis al interior de la empresa. 

2. Documentación exhaustiva: Asegúrate de mantener una documentación idónea y estructurada sobre el ejercicio de cualquier recurso público recibido. 

3. Capacita a tu equipo: Tu área contable y administrativa debe conocer los alcances del artículo 71 para reducir riesgos en el manejo de fondos estatales o federales. 

Mini FAQ: Preguntas Frecuentes

1. ¿La Ley General de Responsabilidades Administrativas aplica a empresas privadas? Sí, aunque regula principalmente a servidores públicos, incluye un apartado sobre faltas de particulares, sancionando a quienes participan en actos vinculados a la corrupción o al mal uso de fondos. 

2. ¿Qué significa "uso indebido de recursos públicos"? Es una falta contemplada en el artículo 71 que ocurre cuando un particular se apropia, desvía el objeto o hace mal uso de recursos materiales, humanos o financieros del gobierno a los que tuvo acceso. 

3. Si gasté el dinero del gobierno correctamente pero perdí los recibos, ¿pueden sancionarme? Sí. Actualmente, no contar con la documentación idónea o adecuada para comprobar el gasto se considera una irregularidad que puede ser acusada como una conducta indebida sancionable. 

4. ¿Cuáles son las peores sanciones para una empresa por estas faltas? Van desde multas económicas y la devolución del dinero hasta la inhabilitación para contratar con el gobierno por largos periodos. En casos extremos, se puede ordenar la suspensión de actividades o la disolución de la sociedad. 

Aviso Legal: Esta entrada de blog tiene fines únicamente informativos y educativos. La información aquí contenida es general y no constituye asesoría legal personalizada. El marco regulatorio del derecho administrativo es complejo; sugerimos consultar a un profesional para analizar su situación particular.

¿Tu empresa cuenta con los controles adecuados?

En nuestra oficina entendemos que cumplir con las exigencias del derecho administrativo y del Sistema Nacional Anticorrupción puede ser un desafío técnico para las empresas. Si tu negocio maneja contratos, subsidios o apoyos de gobierno, es indispensable prevenir riesgos antes de una auditoría.

Contáctanos hoy mismo para evaluar tus procesos y blindar a tu empresa frente a posibles observaciones administrativas.

Por Darío Ángeles