¿Es confiable la asesoría legal de una inteligencia artificial?
En un día cualquiera, te llega una notificación de una autoridad en la que se requiere información respecto a los permisos con los que opera tu negocio, y se indica que la información debe ser entregada dentro de los 5 días siguientes. El plazo para cumplir el requerimiento está corriendo y lo primero que muchas personas hacen es abrir una herramienta de inteligencia artificial para preguntarle qué hacer.
Consultar con la inteligencia artificial (IA) es una reacción comprensible, pues estas herramientas llegaron para facilitar tareas de la vida diaria, como mapear información, resumir documentos extensos u ordenar ideas, y en esas funciones han demostrado su utilidad.
Reconocer su función es el punto de partida para plantear la pregunta de fondo, que no es si conviene usar la inteligencia artificial, sino hasta dónde conviene confiarle un asunto legal.
Para responder lo anterior, es importante revisar cinco aspectos que marcan la diferencia entre usar la herramienta de inteligencia artificial como apoyo y asesorarse con un abogado para las decisiones que definen un caso.
Interpretación de las normas. La IA puede localizar y resumir el texto de una disposición legal en segundos, pero el texto es apenas una parte de la norma. Su alcance depende también de la razón o finalidad con la que el legislador la creó o reformó, de su relación con otras normativas y de la manera en que autoridades y tribunales realmente la aplican en la práctica.
A esto se suma que en múltiples ramas del derecho, entre ellas, el derecho administrativo, conviven normas de diferentes órdenes (federales, estatales y municipales), por lo que resulta aún más relevante diferenciar qué norma corresponde al caso concreto.
No obstante, uno de los errores más comunes cometidos por las herramientas de inteligencia artificial es confundir disposiciones de otros órdenes de gobierno (tomar el municipal en lugar del federal) o, incluso, de otro país (España en lugar de México), que parece aplicable pero no lo es.
Un ejemplo frecuente es el plazo para impugnar una resolución, que cambia según la ley que rige el acto y la autoridad que lo emitió, y que puede contarse en días hábiles o naturales.
Ahí entra el trabajo del abogado, que antes de hablar de plazos, identifica qué ley rige el caso, qué autoridad es competente y cómo se ha interpretado esa norma, para que el medio de defensa llegue en tiempo y por la vía correcta.
Experiencia práctica con las autoridades. Una herramienta de inteligencia artificial construye su trabajo con base en información general de asuntos parecidos que se encuentran publicados en la red, pero no genera sus respuestas a partir de la vivencia que deriva de haber tramitado un expediente ante una autoridad en particular.
No es una cosa menor que el transcurso cotidiano en oficinas administrativas, audiencias y trámites ante las distintas autoridades, incluye el conocimiento de qué formalidades exige cada autoridad en la práctica, qué documentos acompañan a cada escrito y cómo suele valorarse cierto tipo de pruebas.
Sucede también en una visita de verificación, donde lo que se asienta en el acta puede influir en todo el procedimiento posterior, y saber qué observar, qué pasos puntuales sugerir al cliente para atender la visita y con qué documentos contar para ella, es algo que se aprende en la experiencia y práctica diaria.
Esa trayectoria permite anticipar escenarios y detectar puntos ciegos, es decir, detalles que parecen menores y después cambian el rumbo del asunto.
Uso de información personal. Cada vez se ha vuelto más común que, al enfrentarse ante una duda legal, la persona decida consultar su situación con una inteligencia artificial para obtener una asesoría preliminar.
Con prisa por resolver, pueden llegar a copiar escritos completos, con nombres, domicilios, números de expediente, datos fiscales o información de empresas y de terceros.
Dependiendo de la herramienta y de la configuración elegida, esa información puede conservarse y utilizarse para mejorar los modelos. Muchas plataformas ofrecen opciones para limitar ese uso, aunque no siempre están a la vista ni son de conocimiento general, por lo que conviene revisarlas antes de compartir documentos sensibles.
En cambio, en la relación con un abogado el escenario es distinto, porque existe un deber de confidencialidad y el profesional responde por el manejo de la información y por la asesoría o representación legal que brinda.
Cita de criterios reales y vigentes. Aunque las herramientas de inteligencia artificial también resultan funcionales para la identificación de un dato o fuente, es frecuente que redacten con seguridad sobre el tema incluso cuando no cuentan con el dato exacto. De modo que pueden citar un artículo, un reglamento o un criterio jurisprudencial, con numeración y rubro que parecen reales, pero que no existen o que ya perdió su vigencia por una reforma, derogación o un cambio de criterios de los tribunales.
Como el texto redactado por la IA resulta convincente a primera vista, la manera de detectarlo es comprobar cada cita en la fuente oficial. Esa tarea forma parte del trabajo cotidiano de un abogado, que consulta el Periódico Oficial del Estado, el Diario Oficial de la Federación o el Semanario Judicial de la Federación, según corresponda, antes de incluir una referencia en un escrito. Lo cual importa en gran medida, pues una cita inexistente en una demanda, queja o una solicitud resta credibilidad ante quien la recibe.
Empatía en el estudio del caso. Una herramienta trabaja con el texto o indicación que recibe, y ese texto rara vez refleja todo lo que se encuentra en juego. Quien enfrenta una sanción, una clausura o negativa de la autoridad suele hacerlo en un momento de preocupación, con un negocio o un patrimonio de por medio.
El trabajo de un abogado es escuchar con detenimiento esa situación y convertirla en una estrategia: evalúa si conviene negociar, presentar un recurso, acudir a un tribunal o esperar a la siguiente etapa, tomando en cuenta el tipo de autoridad, tiempo estimado y prioridades de cada persona. Estrategia que solo puede ser construida a partir del conocimiento técnico y práctico de la abogacía, combinado con el trato directo de quien vive la situación.
Estos son al menos cinco aspectos a considerar cuando se busca asesoría sobre un tema legal y que influyen en la calidad de una estrategia y de los escritos que la acompañan, ya se trate de una demanda, queja, solicitud o recurso.
La inteligencia artificial resulta muy útil para agilizar tareas de apoyo, como ordenar información o resumir documentos, pero para completar tareas más complejas es necesaria la intervención de un profesional que conoce el terreno en el que se va a litigar o gestionar. Tal combinación permite así, aprovechar el tiempo y mantener la certeza jurídica.
Si estás enfrentando un procedimiento ante una autoridad administrativa o jurisdiccional, o recibiste un requerimiento, una sanción o una resolución y quieres conocer tus opciones, en Urrutia + Ángeles somos especialistas en derecho administrativo y podemos revisar tu caso.
Por Alejandra Vizcarra
Aviso legal: Esta es información general, no asesoría legal personalizada.
Comentarios